La proposición de ley de modificación del Código Civil, Ley Hipotecaria y Ley de Enjuiciamiento civil sobre régimen jurídico de los animales de 13 de octubre del 2017, en trámite parlamentario, fue impulsada por el Congreso en 2017 para la adaptación a la realidad social del régimen jurídico de los animales. El pasado 1 de marzo el boletín de la Cortes publicó el informe de la ponencia sobre esta reforma.

Con este nuevo tratamiento se consigue adaptar la normativa nacional a la comunitaria, que en su artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea considera a los animales como “seres sensibles” cuyas necesidades en materia de bienestar deben ser tenidas plenamente en cuenta por los legisladores de los Estados miembros. Países como Austria, Suiza, Bélgica, Francia o Portugal también han regulado la condición jurídica de animal como ser sensible y diferenciado diferenciados de las cosas y de otras formas de vida como las plantas en sus respectivas legislaciones civiles y penales.

La actual regulación de los bienes del Código Civil dota a los animales del estatuto jurídico de cosas, en concreto con la condición de bienes muebles. Las mascotas siguen siendo consideradas seres muebles en casos como los de separación o divorcio, donde la solución de los tribunales para los casos de conflicto es acudir a las reglas de la comunidad de propietarios, lo que supone graves inconvenientes para el animal y los miembros de la familia.

En consonancia con la nueva línea doctrinal, la novedosa sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid de fecha de 27 de mayo de 2019 es la primera sentencia judicial que estima la custodia compartida de animales (en este caso un perro) en caso de separación de la pareja. En ella se establece que los animales no pueden ser tratados como meros bienes muebles, sino que son “seres dotados de sensibilidad” y por tanto se debe “atender al bienestar del animal” cuando se ventilen cuestiones jurídicas que afecten a su propiedad, como el derecho de propiedad o el derecho de uso y disfrute.

De esta forma, el juez decide que el perro, en régimen de copropiedad entre los dos miembros de la pareja, estará con su dueño en Alicante desde el 1 de septiembre de 2019 y hasta el 1 de marzo del 2020, y desde el 2 de marzo del 2020 hasta el 1 de septiembre próximo estará en Valladolid con su dueña, a quien le corresponderá la posesión, disfrute y custodia del can durante ese periodo. Esta decisión es tomada, no atendiendo a las normas de copropiedad civiles como se solía hacer hasta el momento, sino atendiendo al “interés y bienestar del animal”, así como el de la familia y los implicados. La resolución también contempla la posibilidad de que los dueños puedan visitar al perro cuando se encuentre en el domicilio del otro al menos un fin de semana al mes, desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. En este caso se debe avisar de forma fehaciente al otro copropietario con una semana de antelación.